La separación de una pareja deja muchos flancos abiertos, pero estos se intensifican si entre medias hay un hijo. Este ha sido el ejemplo de un padre y una madre en Cataluña, que lejos de entenderse han necesitado recurrir a una jueza de familia para decidir qué hacer con la vacunación de sus dos hijos.
No es solo la vacunación contra la COVID-19 lo que ha necesitado la intervención de una jueza, sino que esta ha tenido que decidir también sobre la posibilidad de hacer pruebas PCR a los menores. La mediadora en este conflicto, Eva Atarés, tenía que decidir si dar la autoridad a la madre, proclive a las vacunas y pruebas, o al padre, quien no quería que sus hijos pasaran por eso.
Como es lógico, una jueza no puede obligar a nadie a vacunarse, por lo que su decisión tenía que ir encaminada a dar la razón al progenitor que pensara que iba a tomar la decisión más beneficiosa para los dos adolescentes, de 15 y 16 años respectivamente. Estos no querían ser vacunados, debido a las palabras del padre que llevaba meses buscando información sobre los efectos negativos de las vacunas, pero no supieron concretar cuáles, ya que las fuentes que utilizaba eran mediante Internet y redes sociales.
Tras escuchar todas las versiones y pedir la correspondiente información y análisis de los chicos, ha dictado sentencia a favor de la madre, aprobando así de manera implícita la vacunación y la realización de pruebas PCR. Será esta quien decida qué hacer con los menores y si darles la inmunidad.
Esta decisión, sobre todo esta disputa, pueden abrir un precedente en España que no se había dado, pues si las parejas separadas no son capaces de entenderse en estos asuntos tan importantes para sus hijos, pueden empezar a ser comunes las resoluciones por parte de un juez, y llevar el asunto todavía más lejos.